En una operación conjunta encabezada por la Dirección General de Aduanas (DGA), en colaboración con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la división de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA), se llevaron a cabo hoy aproximadamente 50 allanamientos en diversas locaciones de Argentina. Este despliegue se enmarca en una denuncia que señala una presunta fuga de US$ 400 millones perpetrada por 176 empresas a través de importaciones ficticias utilizando el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).
Las acciones simultáneas de allanamiento abarcaron un total de 18 entidades bancarias, ocho estudios contables y 25 sociedades localizadas en el microcentro de Buenos Aires, así como en las ciudades de Rosario, Córdoba y Bahía Blanca.
La investigación se desarrolla en el contexto de la causa 452/23, que está bajo la supervisión del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del juez Pablo Yadarola, y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6, dirigida por Jorge Dahlrocha. La causa se originó a raíz de una denuncia presentada por Aduana en febrero del presente año.
El modus operandi empleado por las 176 empresas involucradas se basó en la simulación de importaciones mediante la utilización de documentación y SIMIs falsos, con el único propósito de evadir divisas al extranjero.
El titular de la DGA, Guillermo Michel, explicó que «básicamente lo que hicieron fue simular operaciones de importación. Nunca importaron nada a la Argentina y giraron al exterior US$ 400 millones».
La investigación se originó a partir de un análisis cruzado realizado por Aduana, que comparó los giros de divisas autorizados por los bancos con las importaciones que, en la práctica, nunca llevaron a cabo las empresas supuestamente involucradas.
Se descubrió que en algunos casos, estudios contables y jurídicos facilitaron la creación de empresas ficticias, mientras que en otros ofrecieron aumentar la capacidad económica y financiera de quienes enviaban las divisas.
En este contexto, se identificó que muchas de las empresas allanadas eran meras «cáscaras», sin empleados ni recursos económicos para efectuar los giros.
Los fondos transferidos al extranjero mediante estas importaciones falsas utilizaron códigos de bienes de capital o pagos anticipados de importaciones, y se dirigieron principalmente a 146 compañías estadounidenses de dudosa legitimidad, en su mayoría LLCs (sociedades de responsabilidad limitada) ubicadas en los estados de Delaware y Florida.
La Aduana compartió esta información con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos a través de su Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations, HSI). Esto llevó a la recopilación de datos sobre las empresas en EE. UU. y la identificación de los beneficiarios finales, que resultaron estar vinculados con ciudadanos argentinos.
El titular de Aduana destacó que se han realizado detenciones de dos personas en el marco de los allanamientos, y se incautaron mercaderías.
Las SIMIs falsas que posibilitaron los giros de divisas se cree que fueron confeccionadas con la colaboración de personal de los departamentos de comercio exterior de varios bancos y entidades financieras.
En relación a esto, Michel indicó que «los directorios y gerentes de los bancos no están involucrados, pero sí empleados desleales de los sectores de comercio exterior. Eso es lo que ha determinado la justicia hasta el momento. En las escuchas realizadas se detectó una gran cantidad de empleados de bancos siendo parte de la maniobra».
Las dos personas detenidas son precisamente empleados de dos instituciones financieras.
El sistema SIMI carecía de un mecanismo de seguimiento de los giros en relación con la importación de mercancías, situación que se corrigió con la implementación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que está en vigencia desde octubre de 2022.
Guillermo Michel, titular de Aduana, expresó que «evidentemente los controles fallaron. El sistema SIRI tenía errores y no se aplicaron de manera correcta los controles, pero fundamentalmente falló el control delegado en los bancos comerciales».
La denuncia en esta causa se ampara en los artículos 864 inciso b y 865 inciso f del Código Aduanero, y la Aduana se presenta como parte querellante.
Michel informó que «hay tres causas más en distintos juzgados» que están relacionadas con este tema, y que existe «un hilo» en común entre las empresas creadas en el Estado de Delaware, EE. UU., que habrían participado en la maniobra. Sin embargo, debido a que la investigación se encuentra en curso y existe secreto de sumario, no se proporcionó información adicional al respecto.
Anteriormente, en mayo de este año, en una causa radicada en el mismo Juzgado Penal Económico, se realizaron allanamientos en alrededor de 20 entidades financieras en el centro de Buenos Aires para investigar posibles operaciones irregulares de comercio exterior, compras, ventas y transferencias de divisas realizadas por 46 sociedades y 13 individuos, por un monto superior a los US$ 5 millones.
La DGA, a través de un comunicado, señaló que en un domicilio en el barrio de Belgrano, Buenos Aires, «las personas presentes en el lugar se fugaron por la terraza» al llegar la Aduana y la Policía Federal. En el lugar, las autoridades encontraron «cajas fuertes vacías y una máquina de contar billetes». Además, se sospecha que se estaban vendiendo teléfonos móviles de alta gama y accesorios de telefonía de manera irregular. La DGA también destacó que «en algunos casos, los CUITs utilizados para las maniobras ilícitas correspondían a personas fallecidas».
