El ex jefe de la Comisaría de la localidad de 9 de Julio, Walter Adrián Maciel, quien estuvo al frente de la búsqueda de Loan Danilo Peña, fue imputado con prisión preventiva sin plazo por encubrimiento por favorecimiento real. Esta medida se tomó tras ser acusado de ser el principal cómplice de los presuntos captores del niño, el marino retirado Carlos Pérez y su esposa, María Caillava.

Los fiscales de Goya, Juan Castillo y Guillermo Barry, argumentan que Maciel desempeñó un rol crucial en la investigación desde el inicio de la desaparición hasta su detención el 21 de junio. Según el dictamen judicial al que accedió Infobae, Maciel habría alterado evidencias y entorpecido el curso de la pesquisa. Entre los actos señalados, se destaca que simuló haber descubierto un botín en el monte, una pista que resultó ser falsa y que, según las autoridades, fue plantada para desviar la atención de los investigadores.

Durante su intervención en la búsqueda, Maciel habría liberado citaciones a vecinos que participaron en protestas, instruyéndoles a presentarse ante la fiscalía local sin que hubiera una orden oficial para hacerlo. Esta acción, según los fiscales, constituyó un intento de interferir en la administración de justicia y en las labores de búsqueda de Loan.

El ex comisario también fue grabado el 16 de junio frente a un grupo de vecinos, asegurando que se iba a emitir un informe oficial sobre el caso, lo cual nunca ocurrió. Este comportamiento, según los investigadores, buscaba tranquilizar a la comunidad mientras potencialmente obstruía la investigación en curso.

Además de Maciel, otras cinco personas fueron implicadas en el presunto rapto de Loan, enfrentando cargos por captación de personas con fines de explotación, agravado por la minoridad de la víctima. Bernardino Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez, María Caillava y Carlos Pérez enfrentan diversas imputaciones según su presunta participación en el delito.

El caso continúa generando interés y preocupación dentro y fuera de la comunidad local, marcando un punto crítico en la relación entre seguridad pública y confianza comunitaria en las autoridades locales.