Luciano Di Cesare, quien fue titular del PAMI durante los mandatos de Cristina Kirchner, ha devuelto cerca de 90 millones de pesos al Estado nacional. Esta devolución es resultado de un acuerdo de conciliación con el PAMI para evitar un juicio oral en su contra, acusado de haber cobrado de manera irregular vacaciones no gozadas. El dinero será destinado a prestaciones sociales y médicas para jubilados, pensionados y discapacitados.
Di Cesare asumió la dirección del PAMI el 10 de diciembre de 2007, cuando Cristina Kirchner inició su primera presidencia, y dejó el cargo el 9 de diciembre de 2015, un día antes de que Mauricio Macri asumiera la Presidencia. Ese día, Di Cesare solicitó el pago de vacaciones no gozadas de 2012 a 2015, argumentando que por su trabajo no pudo tomarlas. María Arrouzet, entonces gerenta de Recursos Humanos del PAMI, autorizó el pago de 1.300.826,77 pesos por las vacaciones no gozadas.
El 17 de diciembre de 2015, Carlos Regazzoni, el nuevo titular del PAMI, denunció a Di Cesare por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La ley de contrato de trabajo establece que las vacaciones no gozadas caducan a los seis meses y prohíbe su compensación en dinero.
El juez federal Ariel Lijo procesó a Di Cesare, Arrouzet y Carlos Galdo, subgerente de Administración de Recursos Humanos. La fiscal Paloma Ochoa pidió que fueran enviados a juicio oral. La causa llegó al Tribunal Oral Federal 7, que fijó el inicio del juicio para el 15 de febrero pasado. Sin embargo, los acusados y el PAMI, bajo la gestión del gobierno de Javier Milei, negociaron un acuerdo.
El acuerdo estableció que los acusados pagarían al PAMI 88.131.531,86 pesos como reparación, el monto actualizado del dinero cobrado por Di Cesare. A cambio, se cerraba la causa penal y los acusados evitaban el juicio oral. El Tribunal Oral aceptó el acuerdo por mayoría, aunque la fiscal Fabiana León se opuso, argumentando que los acuerdos de este tipo están prohibidos para funcionarios públicos y que afectan bienes jurídicos colectivos.
A pesar de que Di Cesare ya ha depositado los 88 millones de pesos, la causa no se ha cerrado definitivamente. La fiscal León apeló la decisión del tribunal ante la Cámara Federal de Casación Penal, pidiendo que se revoque el acuerdo y se realice el juicio oral. La Sala IV del tribunal convocó a las partes a presentar sus opiniones, las cuales ya se han expresado por escrito.
Además, la defensa de Arrouzet solicitó la prescripción de la causa, argumentando que el plazo máximo de investigación de seis años ya ha pasado. Ahora, la Cámara de Casación debe decidir sobre este punto y la validez del acuerdo de conciliación.
Este caso es inusual por el hecho de que un funcionario devuelva dinero relacionado con corrupción, y su desenlace depende ahora de la decisión de la Cámara de Casación.
