El gobierno de Alberto Fernández destinó más de $15.8 mil millones a diversas cooperativas y asociaciones durante su mandato, beneficiando principalmente a organizaciones y dirigentes ligados al kirchnerismo. Entre los más favorecidos se encuentran entidades vinculadas a Emilio Pérsico, Juan Grabois y Juan Carlos Alderete, que recibieron las mayores partidas presupuestarias del ex Ministerio de Desarrollo Social. El gobierno de La Libertad Avanza sospecha que parte de esos fondos no llegaron a los sectores más vulnerables.
Las organizaciones sociales que apoyaron a Fernández durante su campaña y su presidencia recibieron cuantiosos subsidios, especialmente a través de tres programas: Potenciar Trabajo, urbanización de barrios y Alimentar. Ocho cooperativas y asociaciones relacionadas con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), de extracción peronista, obtuvieron aproximadamente cinco mil millones de pesos.
Un análisis de los datos oficiales, procesados por la Unidad de Datos de Infobae, revela que en los primeros 25 lugares del ranking de 62 entidades beneficiadas, solo una pertenece a una agrupación piquetera de izquierda: la Asociación Civil Polo Obrero, encabezada por Eduardo Belliboni, que ocupa el puesto 23 con $235,197,272. Esta cifra es significativamente menor en comparación con lo recibido por las organizaciones afines al gobierno.
El ranking es liderado por la Asociación Civil Centro de Estudios y Trabajo para la Igualdad Social (CEyTIS), que recibió 1.5 mil millones de pesos. Aunque no está vinculada a ninguna organización de la UTEP, CEyTIS prestaba servicios relacionados con planes sociales de empleo como Potenciar Trabajo. La segunda posición corresponde a la Municipalidad de Pilar, con 1.3 mil millones de pesos, dirigida por Federico Achával del Frente de Todos.
A partir del tercer puesto, las entidades más beneficiadas están estrechamente vinculadas al ex oficialismo: la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada y la Asociación Civil el Amanecer de los Cartoneros, ambas vinculadas a Juan Grabois, recibieron 1.2 mil millones de pesos cada una. La Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, asociada al Movimiento Evita y dirigida por Emilio Pérsico, recibió cantidades similares.
El actual gobierno investiga las asignaciones de fondos realizadas durante la administración de Fernández. La investigación, liderada por el fiscal federal Ramiro González, se centra en posibles irregularidades en la distribución de recursos destinados a organizaciones sociales, conocidas como “comedores fantasmas”.
La ex cartera de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia bajo la dirección de Pablo de la Torre, proporcionó los datos que alimentan esta investigación. Los nombres y cifras involucrados delinean un mapa del poder y la influencia durante el último gobierno kirchnerista.
Desde la llegada de La Libertad Avanza al poder, el Ministerio de Desarrollo Social fue reestructurado para reducir la intermediación de movimientos sociales en la distribución de ayuda. El presidente Javier Milei cortó prácticamente todos los subsidios otorgados a través del ministerio, alegando que los recursos ahora llegan de manera directa a los beneficiarios.
Este cambio en la política de distribución de fondos busca eliminar la “tercerización” de la ayuda social, una práctica criticada por la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En 2022, Fernández de Kirchner abogó por que el Estado recuperara el control directo de las políticas sociales, una demanda que ahora se investiga judicialmente.
El gobierno actual se enfrenta al desafío de asegurar que los recursos destinados a las organizaciones sociales lleguen efectivamente a las personas más necesitadas, evitando los errores y posibles malversaciones del pasado.
