El gobernador Ricardo Quintela emitirá una moneda alternativa al peso y en febrero presentará una demanda contra la Nación ante la Corte Suprema. Un repaso histórico y actual de la relación entre las provincias y la administración central.
¿En qué medida la decisión del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, afín al kirchnerismo, de emitir Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade) por $22.500 millones podría desencadenar una nueva «guerra fiscal» entre gobernadores peronistas y un gobierno no peronista, similar a la ocurrida en julio de 2001 durante la vigencia de la convertibilidad y el gobierno de Fernando de la Rúa?
Aunque presentados como «Bonos», los Bocade son esencialmente una «cuasimoneda». Según el gobierno provincial, se utilizarán para abonar el 30% de los salarios de los empleados públicos de La Rioja y serán aceptados para el pago de impuestos, bienes y servicios en la provincia. La extensión y aceptación de esta moneda en los comercios locales se determinará en los próximos meses, al igual que su posible propagación a otras provincias.
La elección de La Rioja como pionera en recurrir a una cuasimoneda no es casual. De todos los distritos subnacionales (CABA y 23 provincias), en 2023 y años anteriores, La Rioja fue la más dependiente de las «transferencias corrientes y de capital» (excluyendo las «automáticas» por coparticipación y recaudación propia) del gobierno nacional, representando casi el 20% de sus ingresos totales.
En declaraciones a Radio 10, Quintela argumentó que la emisión de la cuasimoneda es una respuesta a una deuda de más de $10.000 millones generada por la Nación desde el resultado del balotaje presidencial. Anunció además que demandará a la Nación ante la Corte Suprema en febrero.
Aunque La Rioja recibió más de $21.000 millones en los primeros 13 días hábiles de 2024 por «transferencias automáticas» de la Nación, su alta dependencia de los fondos nacionales se debe a un gasto público desmesurado y a más de 30 años de ser beneficiaria de transferencias «discrecionales» por parte del gobierno central.
La posible proliferación de cuasimonedas, como ocurrió en 2001, plantea riesgos económicos y políticos. La emisión de estos instrumentos puede aumentar los costos de transacción, disminuir la eficiencia económica y generar pérdida de poder adquisitivo para los empleados de las provincias emisoras. Además, el valor de las cuasimonedas podría depreciarse en función de la relación con la recaudación propia de cada provincia.
Marcelo Capello, experto en temas fiscales, destaca que la situación financiera de las provincias empeoró en 2023, y las perspectivas para 2024 no son alentadoras. La no reversión de la reforma impositiva de Ganancias y los recortes en transferencias discrecionales y de capital podrían llevar el déficit primario de las provincias a alrededor del 1,2% del PBI, incentivando a los gobernadores a recurrir a cuasimonedas.
La respuesta del presidente Javier Milei a esta situación fue dejar en claro que las cuasimonedas provinciales no serán rescatadas por el Gobierno Nacional, y la cotización de estas monedas reflejará la evaluación de mercado de la calidad del gobierno emisor.
En última instancia, la resolución sana de la situación implicaría un esfuerzo conjunto entre la Nación y las provincias para revertir el aumento del gasto público observado en los últimos 23 años. La reducción necesaria en las erogaciones públicas debería ser compartida en un 62% por el sector público nacional y un 38% por las provincias, ajustado según el nivel inicial de gasto de cada una.
Las finanzas provinciales en 2024 podrían empeorar aún más, ya que la reforma de Ganancias de Sergio Massa afectará plenamente los recursos de coparticipación. En este contexto, la emisión de cuasimonedas podría convertirse en una alternativa tentadora para los gobernadores, aunque con riesgos tanto para la política económica nacional como para los propios gobernantes provinciales. La situación actual hace imperativo abordar conjuntamente la estabilidad fiscal en niveles nacionales y provinciales.
