En un acontecimiento que ha despertado preocupación y condena internacional, la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, fue arrestada por la Policía política del régimen chavista mientras intentaba salir de Venezuela. La detención, ocurrida el viernes 9 de enero, está vinculada a una investigación sobre presuntos planes golpistas contra el gobierno de Nicolás Maduro, según informó la organización Provea a través de las redes sociales.
La detención de San Miguel ha generado una ola de repudio por parte de diversas organizaciones de derechos humanos y figuras políticas tanto dentro como fuera de Venezuela. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón expresó su preocupación por el paradero desconocido de la activista, mientras que el partido Vente Venezuela denunció la acción del régimen como parte de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos.
La detención de San Miguel está relacionada con investigaciones en curso por presuntas conspiraciones denunciadas por Maduro el pasado 15 de enero. Hasta la fecha, el fiscal general designado por Maduro, Tarek William Saab, informó que se han detenido a 36 personas y se busca a otras 22 en relación con estos casos.
Entre los señalados por el régimen chavista figura la periodista Sebastiana Barráez, acusación que ha sido rechazada por el Colegio Nacional de Periodistas. Esta detención ha suscitado preocupación por el respeto a la libertad de expresión y el debido proceso en el país.
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, anunció la expulsión de más de 30 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana implicados en estas supuestas conspiraciones, que incluirían un intento de asesinato contra Nicolás Maduro.
La detención de Rocío San Miguel ha sido vista como un síntoma más del deterioro del estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela, así como un indicio de la creciente represión contra las voces críticas al gobierno de Maduro.
