El Gobierno continúa avanzando en la reglamentación de la Ley Bases, promulgada hace poco más de un mes. En esta etapa, se han detallado los capítulos referentes a las concesiones y contratos transaccionales, que forman parte del Título III de la legislación.
Implementación de los Capítulos de Concesiones y Contratos
El decreto 713/2024, publicado en el Boletín Oficial, oficializa los detalles para la implementación de las reformas contempladas en el Título III. Esta parte de la ley abarca tanto concesiones como contratos transaccionales, y también regula los procesos de licitación para obras públicas.
El artículo 63 de la Ley establece que el Poder Ejecutivo Nacional puede, por razones de emergencia y con la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, renegociar o rescindir contratos relacionados con obras públicas, concesiones, y provisión de bienes y servicios que superen los 10 millones de módulos, siempre que estos contratos hayan sido celebrados antes del 10 de diciembre de 2023.
Renegociación y Rescisión de Contratos
El decreto detalla cómo pueden ser renegociados o rescindidos estos contratos, ya sea por iniciativa del Estado o a petición de los contratistas. En caso de rescisión, el Poder Ejecutivo Nacional debe aprobar la medida, pero durante el trámite, cada parte debe continuar cumpliendo con el contrato a menos que se disponga lo contrario explícitamente.
Además, se establece que cualquier acuerdo transaccional debe incluir una quita mínima del 30% sobre el monto total reclamado. Los costos del procedimiento transaccional serán asumidos por las partes involucradas y los gastos compartidos deberán dividirse equitativamente.
Procedimientos para Licitaciones Públicas
El Anexo II del decreto especifica los procedimientos para las licitaciones públicas nacionales e internacionales. Estas incluyen varios pasos, tales como la convocatoria y selección del procedimiento (única o múltiple), la precalificación de oferentes si es necesario, la publicación de los pliegos, la apertura y evaluación de ofertas, y finalmente, la adjudicación.
Régimen de Iniciativa Privada
El decreto también aprueba el Régimen de Iniciativa Privada, que detalla las condiciones bajo las cuales los particulares pueden proponer y participar en proyectos de obras públicas o servicios de interés para el Estado.
Estos avances en la reglamentación buscan garantizar mayor transparencia y eficiencia en la administración de contratos y concesiones, reflejando el compromiso del Gobierno con la implementación efectiva de la Ley Bases.
