La Legisladora Natalia Gracianía, en virtud del artículo Nº 13 de la Ley provincial Nº 857, ha convocado a las organizaciones de derechos humanos a inscribirse en el Registro Provincial. Esta convocatoria busca renovar los integrantes del Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Los interesados podrán presentar sus antecedentes y documentación hasta el 31 de mayo de 2024.
La Comisión de Justicia Nº 6 de la Legislatura Provincial será la encargada de acreditar a las organizaciones que cumplan con los requisitos detallados en el artículo 4º de la ley mencionada. De acuerdo con este artículo, el Comité deberá estar compuesto por tres representantes de organizaciones de Derechos Humanos con experiencia y conocimiento en el área, quienes no deben haber desempeñado cargos políticos en los últimos dos años. Las candidaturas de estos representantes serán propuestas por las propias organizaciones y deberán ser aprobadas por la mayoría de los miembros de la Comisión Permanente de Asesoramiento N° 6.
Además, se establece que todos los integrantes del Comité, excepto los representantes del Poder Legislativo, deben tener una trayectoria reconocida en la promoción y protección de los Derechos Humanos. Los seleccionados desempeñarán sus funciones durante dos años, con posibilidad de renovación.
Para la postulación, las organizaciones deben nominar un miembro titular y un suplente, y deben demostrar al menos un año de experiencia en el campo de Derechos Humanos.
Los documentos y antecedentes requeridos deben ser presentados antes del plazo final del 31 de mayo de 2024, tanto de forma presencial en la Mesa de Entradas de la Secretaría Legislativa de la Legislatura Provincial, ubicada en San Martín 1441, como de forma digital enviando la documentación al correo electrónico comisiones@legistdf.gob.ar, con el asunto: «REGISTRO ONGS DE DERECHOS HUMANOS, LEY PROVINCIAL 857».
Esta convocatoria abierta es una oportunidad crucial para que las organizaciones de Derechos Humanos participen activamente en la supervisión y aplicación de normas internacionales contra la tortura y otros tratos inhumanos, asegurando así un compromiso continuo con la protección de los derechos fundamentales en la provincia.
