Tras la masiva manifestación universitaria en reclamo de mayor presupuesto, el Gobierno admitió que el evento fue un revés político considerable y ahora busca maniobras para neutralizar a los partidos opositores que apoyaron la protesta. Desde la Casa Rosada, se está contemplando la posibilidad de implementar auditorías en las universidades y se sugiere que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) podría intervenir como un órgano «técnico neutral».
Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, indicó que el Gobierno se enfrentó a una marcha organizada por sectores que, según alega, han usado históricamente la educación pública como «caja» para fines partidistas. A pesar de que la manifestación se llevó a cabo de forma pacífica y ordenada, el Gobierno mantiene la postura de que muchos manifestantes fueron manipulados por intereses políticos que buscan desestabilizar la actual administración.
En respuesta al contundente llamado de atención que supuso la marcha, el Gobierno planea no solo seguir negociando con las universidades sobre el presupuesto, sino también enfocarse en auditar los fondos asignados. La intención es mostrar que la administración pasada de estos recursos podría contener irregularidades que necesitan ser abordadas.
Sin embargo, la Auditoría General de la Nación (AGN), que tradicionalmente maneja este tipo de revisiones presupuestarias según la ley de Educación Superior, es vista por el Gobierno como un ente demasiado influido por intereses políticos y, por lo tanto, ineficaz en su función. Por este motivo, proponen que la SIGEN, que ya ha realizado informes específicos y cuenta con precedentes de colaboración en la mejora de procesos de auditoría, tome la iniciativa.
Esta estrategia será discutida formalmente en la próxima reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) programada para el 30 de abril, donde el Gobierno buscará el apoyo de las universidades para implementar esta medida. No obstante, enfrenta la resistencia de varios rectores, incluidos los de universidades prominentes como la UBA, quienes defienden la autonomía universitaria y critican la intromisión del Gobierno en asuntos financieros internos.
La ministra Pettovello y su equipo, especialmente en la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Políticas Universitarias, están al frente de esta nueva estrategia que busca, en última instancia, asegurar una gestión más transparente y eficiente de los recursos destinados a la educación pública en el país.
