La Justicia de Estados Unidos ha emitido una orden que da un plazo de nueve días al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, para retirar la barrera de boyas alambradas instalada en el río Grande, diseñada para evitar el paso de migrantes desde México.
Esta decisión se produce tres meses después de su instalación y sigue los argumentos presentados por el Gobierno del presidente Joe Biden, que solicitó la suspensión de esta barrera.
El tribunal federal con sede en Austin, la capital del estado de Texas, ha prohibido a las autoridades estatales y a cualquier entidad que trabaje a su servicio «construir o agregar cualquier boya, barrera o estructura de cualquier tipo en el río Grande» mientras se espera una decisión de un tribunal superior sobre el fondo de la cuestión. Además, ha ordenado la reubicación de todos los elementos existentes de la barrera antes del 15 de septiembre.
La barrera de boyas, de unos 300 metros de longitud y de color naranja, se encuentra en el sector de Eagle Pass, que limita con la ciudad mexicana de Piedras Negras, una de las rutas utilizadas por migrantes para ingresar a Estados Unidos y que constituye una frontera natural entre ambos países.
La decisión del tribunal se basa en los «daños causados por la barrera flotante», que ha generado «enormes tensiones» en las relaciones entre Estados Unidos y México, así como «amenazas a la vida humana y obstrucción de la navegación libre y segura». Además, la corte considera «probable» que la sentencia final sea favorable al gobierno federal estadounidense.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de México ha expresado su apoyo a la resolución de la Justicia estadounidense y ha instado a la retirada definitiva de las boyas en la frontera compartida.
La instalación de esta barrera en julio pasado generó una controversia inmediata en México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador la calificó como una «provocación» que viola la soberanía de su país. Posteriormente, un relevamiento topográfico reveló que la mayoría de la barrera se encuentra del lado mexicano de la frontera natural, lo que intensificó la controversia.
El Departamento de Justicia de Washington advirtió que estas boyas representan un problema humanitario y diplomático al infringir los tratados fronterizos celebrados con México. La fiscal federal Vanita Gupta celebró la decisión del tribunal y afirmó que la barrera es ilegal y pone en peligro las relaciones diplomáticas, la seguridad pública y la navegación en el río Grande y sus alrededores.
