Se espera un fuerte debate en la oposición dialoguista luego de que la versión de la Ley Bases aprobada por el Senado incluyera la penalización contra los bloqueos sindicales y cambios clave en la Ley de Contrato de Trabajo.
La «modernización laboral» que impulsa el gobierno de Javier Milei quedó más cerca de convertirse en ley, aunque hay dudas sobre si la Cámara de Diputados avalará los cambios incorporados por el Senado. Ante la insistencia de la CGT en cuestionar algunos artículos de la Ley Bases, se espera un debate en la oposición dialoguista para definir su postura. El diputado Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Hacemos Coalición Federal, podría desempeñar un papel crucial en este contexto.
En abril pasado, Pichetto fue fundamental para eliminar 42 artículos de la versión original de la Ley Bases que irritaban a la dirigencia sindical. El proyecto tratado en Diputados incluyó solo 17 de los 58 artículos originalmente promovidos por la Casa Rosada. Se mantuvieron aspectos clave como las cuotas solidarias, esenciales para el financiamiento de los gremios, y se suprimieron restricciones sobre la huelga en servicios esenciales y la penalización de asambleas que se convierten en paros encubiertos.
En contacto permanente con la dirigencia gremial, Pichetto adoptó una consigna clara: «No incluir nada que afecte a la CGT». Aun así, la cúpula cegetista objetó algunos artículos que se salvaron de la poda, como la figura del «trabajador independiente» y la penalización de los despidos por actos discriminatorios sin establecer una reparación integral.
El problema para los diputados que buscan congraciarse con la CGT es que el Senado incorporó modificaciones que volvieron a alertar al sindicalismo. Una de las más controvertidas es la penalización de los bloqueos sindicales, propuesto por los senadores de la UCR, que considera esta práctica como «grave injuria laboral». Esto permitiría a los empleadores despedir con causa a trabajadores que participen en bloqueos.
Este cambio preocupa especialmente a los sindicatos que han utilizado bloqueos como medida de presión, como Camioneros y la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA). La propuesta original del Gobierno ya había intentado limitar esta práctica, pero fue suavizada en la versión discutida en Diputados.
Otro artículo añadido por el Senado excluye expresamente de la Ley de Contrato de Trabajo a los contratos de obra, servicios y agencia, regulados por el Código Civil y Comercial. Esto evitaría que un trabajador independiente que factura servicios de manera exclusiva a un empleador pueda sostener que se trata de una relación de dependencia.
Para el Gobierno, lo esencial es que se conviertan en ley los puntos centrales de la «modernización laboral»: la eliminación de multas laborales por empleo no registrado, la creación de un sistema indemnizatorio para nuevos trabajadores, y la extensión del período de prueba a seis meses, ampliable a un año por convenio colectivo. El Senado añadió un cambio resistido por el sindicalismo: la posibilidad de extinguir la relación laboral durante el período de prueba sin expresión de causa y sin derecho a indemnización.
Después de la aprobación del Senado, se acordó que el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados delibere el martes 25 y trate la iniciativa el jueves 27. Desde La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y partidos provinciales procurarán insistir en artículos originales del paquete fiscal vinculados con el RIGI, el Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.
La CGT, por su parte, está dividida sobre cómo resistir la sanción de la Ley Bases. Pablo Moyano ya anticipó que volverá a movilizarse ante el Congreso para presionar a los legisladores, mientras el ala dialoguista mantendrá probablemente su decisión de dejar en libertad de acción a los sindicatos para salir a la calle.
Andrés Rodríguez, titular de UPCN y dirigente de la CGT, reconoció que no se movilizaron ante el Congreso debido a las negociaciones que lograron modificar el espíritu de la reforma laboral. La CGT logró que se atenuaran restricciones para los trabajadores del sector público, manteniendo el derecho de huelga y eliminando la necesidad de autorización previa para descontar la cuota solidaria de los no afiliados.
La reforma laboral de Milei enfrenta un camino incierto en Diputados, con posiciones divididas y un fuerte debate en puerta.
