En una jornada marcada por la falta de consenso, gremios y empresas no lograron alcanzar un acuerdo este jueves para establecer un nuevo salario mínimo, vital y móvil. Ante esta situación, la Secretaría de Trabajo intervendrá mediante un decreto para fijar el nuevo monto. Esta determinación no solo tendrá implicaciones en el ámbito laboral, sino que también afectará el valor de programas sociales clave, como el Potenciar Trabajo y las becas Progresar.
La reunión plenaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil se llevó a cabo de manera virtual, con la participación de autoridades de la Secretaría de Trabajo, representantes empresariales y dirigentes sindicales. A pesar de los esfuerzos, cerca de las 19:30, se confirmó la falta de acuerdo y la intervención gubernamental para establecer la cifra a partir de febrero. La CGT, por su parte, había propuesto un aumento desde $156.000 hasta $288.600, una propuesta que no obtuvo respaldo.
La CGT expresó su descontento, acusando al Gobierno de obstaculizar el diálogo social y boicotear la posibilidad de acuerdo. En un comunicado, la central obrera lamentó la falta de compromiso por parte de las empresas y criticó la actitud del Gobierno, que, según ellos, evitó deliberadamente que la reunión transcurriera con normalidad.
Este impase no solo afecta el ámbito laboral, sino que también tiene un impacto en el gasto estatal, dado que varios programas sociales están vinculados al valor del salario mínimo. El Potenciar Trabajo, por ejemplo, equivale al 50% de un salario mínimo, mientras que las Becas Progresar establecen un límite basado en el salario mínimo. Además, el salario mínimo afecta el sistema previsional, ya que las jubilaciones de quienes completen 30 años de aportes deben ser como mínimo equivalentes al 82% del salario mínimo.
En el contexto de un plan de ajuste fiscal, el Gobierno busca recortar el gasto social, lo que incluye programas como el Potenciar Trabajo, con el objetivo de alcanzar un déficit cero este año. Según estimaciones, el gasto en programas sociales representa alrededor del 0,4% del PBI, lo que equivale a $750.000 millones, una cifra significativa en el plan de ajuste fiscal del Gobierno.
