Hoy se cumplen seis años desde que el submarino ARA San Juan (S-42) se hundió en el Atlántico sur, resultando en la trágica pérdida de sus 44 tripulantes. La causa del siniestro se atribuye a desperfectos técnicos que desencadenaron una serie de eventos fatales.
En la actualidad, varias causas judiciales continúan investigando las circunstancias del incidente ocurrido durante el Gobierno de Mauricio Macri. Un Consejo de Guerra también ha establecido sanciones disciplinarias para los mandos superiores de la Armada implicados en el suceso.
El submarino, construido en la década de 1980, había pasado por una reparación de media vida entre 2007 y 2014. A pesar de los trabajos realizados, en noviembre de 2017, el ARA San Juan informó sobre un problema con el snorkel que provocó el ingreso de agua a la nave.
El comandante, el capitán de fragata Pedro Martínez Fernández, comunicó el 15 de noviembre de 2017 el ingreso de agua de mar y un principio de incendio. A pesar de los esfuerzos de la tripulación, el submarino desapareció y perdió contacto con las autoridades el 16 de noviembre, cuando se encontraba a 432 kilómetros de la costa patagónica.
A pesar de los esfuerzos internacionales y nacionales en la búsqueda y rescate, la nave fue localizada más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa patagónica en noviembre de 2018.
Las investigaciones judiciales han señalado responsabilidades políticas y administrativas, procesando a altos oficiales navales por desoír advertencias sobre el funcionamiento defectuoso del submarino. Además, en julio de 2019, la Comisión Bicameral estableció responsabilidad política y administrativa en el hundimiento.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ha ordenado ampliar la investigación sobre las responsabilidades de Macri, Aguad y el entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur.
