Un reciente informe ha arrojado luz sobre la intersección entre las políticas punitivas relacionadas con las drogas y el cambio climático, destacando cómo la criminalización de la producción y el consumo de drogas puede agravar la crisis climática. Este informe, titulado «Revelando el eslabón perdido de la justicia climática: política de drogas,» fue publicado por la Coalición Internacional sobre Reforma de las Políticas de Drogas y Justicia Ambiental, con la colaboración de ONGs como SOS Amazonia, así como científicos y activistas de diversos países.
El informe llega a menos de dos meses de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), y sus hallazgos instan a la comunidad ecologista y a organizaciones tradicionales como Greenpeace y WWF a reconocer los impactos negativos de las políticas de drogas en la acción climática y a abogar por un marco legal que incluya medidas de justicia climática.
Los expertos identificaron tres formas en que la prohibición de las drogas afecta al medio ambiente. En primer lugar, señalaron que las actuales políticas de criminalización fomentan la producción y el tráfico de drogas en las zonas más remotas y biodiversas del mundo, incluyendo selvas primarias críticas para la subsistencia y la absorción de carbono. En 2022, se perdieron 4,1 millones de hectáreas de estos bosques, equivalente a 11 canchas de fútbol por minuto.
En segundo lugar, el informe sostiene que el narcotráfico tiene un impacto negativo en los ecosistemas al reinvertir las ganancias de las drogas en actividades perjudiciales para el medio ambiente, como la industria extractiva y la agroindustria. Esto, a su vez, socava la gobernanza ambiental y la estabilidad de los Estados.
Por último, la coalición destacó que el narcotráfico contribuye a la violencia y la corrupción, incluyendo el asesinato de pueblos indígenas y defensores de los derechos a la tierra. Además, obstaculiza iniciativas de mitigación y adaptación ambiental, como la reforma agraria y las cadenas de suministro sostenibles.
En 2022, al menos 177 defensores fueron asesinados, con un promedio de uno cada dos días, según la ONG Global Witness. Casi dos tercios de estos homicidios ocurrieron en países clave en la producción y el tráfico de drogas hacia mercados globales: Colombia, México y Honduras.
