La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Tierra del Fuego ha expresado su desacuerdo con una reforma previsional aprobada por la Legislatura provincial que iguala las condiciones de jubilación de bibliotecarios, preceptores, asesores pedagógicos y trabajadores de diversas actividades con las de los docentes de grado.
Con esta modificación, estos profesionales podrán acceder a la jubilación a los 50 años, al igual que los maestros y profesores.
Aunque el sindicato educativo respalda la reforma, otros como ATE la rechazan, argumentando que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de previsión social de la provincia.
ATE ha anunciado que llevará a cabo reuniones informativas con sus afiliados y se declarará en «estado de alerta y movilización».
La organización ha expresado su descontento en un comunicado oficial, alegando que la reforma beneficia a un grupo minoritario en detrimento de otros contribuyentes al sistema de solidaridad.
La nueva ley, aprobada de manera urgente, extiende los beneficios de la jubilación docente en la provincia a «bibliotecarios, tutores, preceptores, asesores pedagógicos, miembros de equipos interdisciplinarios de gabinete y equipos de orientación» debido a su papel activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, otorga al Ministerio de Educación provincial la facultad de certificar los servicios en casos específicos para evitar confusiones o dudas.
La inclusión de trabajadores que no imparten clases de manera directa en el régimen de jubilación docente había sido anticipada previamente por la ministra de Educación de Tierra del Fuego, Analía Cubino, a través de una resolución ministerial. Sin embargo, esta medida fue objeto de críticas por parte del Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, y finalmente fue llevada a la Legislatura y convertida en una modificación legal.
Esta no es la primera vez que una reforma jubilatoria en Tierra del Fuego genera controversia, ya que el año anterior, la Legislatura aprobó una ley que permitía a los empleados públicos jubilarse a los 55 años y recibir hasta el 88% de su salario en actividad. Esta ley también modificó la forma de calcular las pensiones, que antes se basaban en el promedio de los salarios de los últimos 10 años de actividad y ahora toman en cuenta los 60 salarios más altos de ese período. Además, permitió a los ya jubilados bajo el régimen anterior solicitar una revisión de sus beneficios según el nuevo sistema, aunque no podrán reclamar retroactivamente pagos adicionales.
